Senado analiza participación del Ejército en tareas contra la inseguridad

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CIUDAD DE MÉXICO. MX.ALBERTO VALDERRÁBANO.— El Congreso de la Unión comenzó con el debate de las iniciativas para crear la Ley de Seguridad Interior, que permitirá formar el marco legal para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior, bajo el respeto a los derechos humanos.

Senadores, diputados federales y especialistas analizarán, debatirán y en su caso dictaminaraán las cuatro iniciativas presentadas en los últimos meses y que busca definir la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y en auxilio de estados y municipios, debido por el incumplimiento en la preparación y certificación de policías locales.

En el inicio de los trabajos estuvo presente el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien urgió al Congreso esa reforma legal, para obligar a las autoridades estatales y municipales a limpiar y mejorar sus cuerpos policíacos y que las fuerzas armadas regresen paulatinamente a sus cuarteles.

A su vez el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz externó que la ley de seguridad interna pretende ser un vehículo garante del Estado de Derecho, donde todos se ciñan a la Constitución y la ley, para regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas.

Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, criticó que los gobiernos estatales no quieren invertir en la profesionalización de policías estatales y municipales, ya que parten del principio de que los apoyan el Ejército Mexicano, la Marina y Fuerzas Federales, sin embargo consideró que sería un despropósito que se declaren estados de excepción que restrinjan los derechos civiles.

El coordinador del PRD, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que presentará este martes, ante la Comisión Permanente, una iniciativa para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La iniciativa propone un regreso gradual y ordenado del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a sus cuarteles, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que se compruebe que los cuerpos policíacos cuenten con la fuerza para encargarse de la Seguridad Pública a través de una evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

(Fecha de publicación 10012017)

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