Podemos imaginar la transformaci\u00f3n digital de un pa\u00eds como una gran red de nodos, elementos y actores interconectados que, de forma sincr\u00f3nica, logran beneficios en productividad, recaudaci\u00f3n fiscal, competitividad y acceso a derechos b\u00e1sicos. El sistema, visto de forma m\u00e1s sencilla, se equipara a un gran rompecabezas. El que tenemos en el pa\u00eds, hasta ahora, tiene algunas piezas en el tablero: plataformas tecnol\u00f3gicas, identidad digital, transacciones bancarias cibern\u00e9ticas, sistemas de pagos alternativos, y tr\u00e1mites en l\u00ednea, entre otras. De hecho, varias de esas piezas fueron recientemente creadas o modificadas, en un paquete de seis reformas y cuatro nuevas leyes que el Congreso de la Uni\u00f3n aprob\u00f3 durante el periodo extraordinario, celebrado del 23 de junio al 2 de julio de 2025. Sin embargo, este reciente trabajo legislativo, aunque necesario, no basta para completar el ecosistema digital que M\u00e9xico necesita.<\/p>\n
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Seg\u00fan est\u00e1ndares internacionales, M\u00e9xico se encuentra en una fase temprana de desarrollo digital. El Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024, del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), nos ubica en el lugar 59 de 67 pa\u00edses. Es una posici\u00f3n que revela rezagos en infraestructura, conectividad y formaci\u00f3n de talento. Atender estos desaf\u00edos para encaminarnos hacia la transformaci\u00f3n digital no es un lujo, sino una condici\u00f3n indispensable para competir globalmente y cerrar brechas sociales.<\/p>\n
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Desde M\u00e9xico Eval\u00faa apuntamos que la digitalizaci\u00f3n es altamente deseable y necesita avanzar aceleradamente para fines productivos y de seguridad p\u00fablica, pero siempre con legitimidad democr\u00e1tica. Es indispensable construir una estrategia nacional que reduzca brechas y promueva la modernizaci\u00f3n progresiva de una relaci\u00f3n de confianza verdadera entre Gobierno y sociedad. En este \u00faltimo punto, no obstante, hay grandes ausencias. Las m\u00e1s evidentes son aquellas instituciones que funcionan como salvaguardas de la informaci\u00f3n sensible y privada que se maneja en las plataformas digitales. Se trata de instancias esenciales para proteger los datos personales y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas. Para impulsarlas se requiere un andamiaje que ponga en el centro los derechos digitales de ciudadanos y empresas: privacidad, neutralidad de la red, acceso universal a la informaci\u00f3n y libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
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Sin estos elementos, la digitalizaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds corre el riesgo de consolidarse como un sistema desigual. Si bien podr\u00eda ser un motor de productividad en todos los \u00e1mbitos econ\u00f3micos, no implementarla en clave democr\u00e1tica mermar\u00e1 la construcci\u00f3n de confianza entre ciudadanos, empresas y autoridades. Por ahora,\u202fnada limita \u2014en la ley o en las instituciones\u2014 que ello evolucione hacia un sistema de vigilancia y control altamente efectivo, pero autoritario.<\/p>\n
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Una consecuencia de esa ausencia de l\u00edmites es que, recientemente, el 23 de septiembre de 2025, el Juez S\u00e9ptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de M\u00e9xico, Francisco Mart\u00ednez Cruz, resolvi\u00f3 conceder la suspensi\u00f3n definitiva al amparo solicitado por la organizaci\u00f3n civil Art\u00edculo 19 frente a los diversos decretos que conformaron el paquete de leyes aprobado. En su resoluci\u00f3n, el Juez considera que la aplicaci\u00f3n de estas leyes causar\u00eda afectaciones graves y de dif\u00edcil o casi imposible reparaci\u00f3n a los derechos humanos vulnerados. Habr\u00e1 que esperar a la sentencia y el curso legal del caso hasta la \u00faltima instancia judicial. No obstante, la decisi\u00f3n del juez da cuenta de la relevancia del tema.<\/p>\n
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El paquete normativo ya vigente en M\u00e9xico busca, en efecto, agilizar servicios y tr\u00e1mites mediante el manejo de informaci\u00f3n en tiempo real. Sin embargo, genera asimetr\u00edas que expanden el acceso gubernamental a informaci\u00f3n confidencial de ciudadanos y empresas sin garantizar mecanismos de transparencia, protecci\u00f3n y defensa ante posibles abusos. En espec\u00edfico, otorga facultades amplias a autoridades civiles y militares para recabar y consultar datos ciudadanos, sin establecer suficientes controles judiciales o ministeriales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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