CIUDAD DE M\u00c9XICO, MX. \u2014 La decisi\u00f3n de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior es un precedente para que el nuevo gobierno del presidente electo, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, presente un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, enfatiz\u00f3 Esmeralda Arosemena de Troiti\u00f1o, relatora para M\u00e9xico de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). <\/p>\n
El organismo celebr\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), el pasado 15 de noviembre, en la que declar\u00f3 la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por considerarla contraria a la Constituci\u00f3n y a los Tratados Internacionales, al contener disposiciones que pretend\u00edan normalizar la utilizaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad p\u00fablica. Asimismo, hubo pronunciamientos respecto a que el Congreso de la Uni\u00f3n no es competente para legislar en la materia de seguridad interior.<\/p>\n
Record\u00f3 que en su momento manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el proyecto de Ley. Por ejemplo, en su Informe sobre la Situaci\u00f3n de Derechos Humanos en M\u00e9xico de 2015, se\u00f1al\u00f3 que la atribuci\u00f3n a las Fuerzas Armadas de roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos y a impunidad.<\/p>\n
La CIDH reiter\u00f3 que \u201ces fundamental la separaci\u00f3n clara y precisa entre la seguridad interior como funci\u00f3n de la polic\u00eda y la defensa nacional como funci\u00f3n de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troiti\u00f1o, relatora para M\u00e9xico se\u00f1al\u00f3: \u201cCelebro la decisi\u00f3n adoptada por la Suprema Corte Mexicana que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Constituye un indispensable precedente judicial como base para que el nuevo gobierno presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad p\u00fablica que la Comisi\u00f3n recomend\u00f3 desde su Informe de Pa\u00eds de 2015\u201d.<\/p>\n
Para Arosemena de Troiti\u00f1o, el fallo constituye un ejemplo tambi\u00e9n a nivel regional, puesto que cada vez m\u00e1s Estados se inclinan por entregar los temas de seguridad ciudadana a las fuerzas militares.<\/p>\n
Por otro lado, la CIDH pidi\u00f3 al nuevo gobierno federal continuar con la investigaci\u00f3n del caso Ayotzinapa y manifest\u00f3 su disposici\u00f3n de seguir coadyuvando en el acompa\u00f1amiento de las v\u00edctimas, si as\u00ed lo desean las nuevas autoridades.<\/p>\n
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao y los comisionados, Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas, se reunieron por \u00faltima vez con el encargado del despacho de la PGR, Alberto El\u00edas Beltr\u00e1n; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la canciller\u00eda, Miguel Ruiz Caba\u00f1as; y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernaci\u00f3n, Rafael Avante para conocer el informe sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso.<\/p>\n
(FECHA DE PUBLICACI\u00d3N.27\/11\/2018 \/\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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