La educaci\u00f3n es un factor fundamental para contribuir al bienestar de la poblaci\u00f3n y mejorar sus condiciones de vida, con par\u00e1metros de calidad e igualdad, sin discriminaci\u00f3n ni abusos, lo cual constituye la definici\u00f3n de una pol\u00edtica de Estado en materia educativa. M\u00e9xico ha realizado grandes esfuerzos para acabar con el rezago en este rengl\u00f3n y brindar las mismas oportunidades para toda la poblaci\u00f3n; sin embargo, han sido insuficientes para cumplir expectativas sociales m\u00e1s altas. <\/p>\n
Seg\u00fan datos procedentes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el INEGI, uno de los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto corresponde a educaci\u00f3n, aplicando 13.8 por ciento de sus ingresos, que se incrementa si los hijos o uno de \u00e9stos asisten a escuelas privadas.<\/p>\n
El gobierno federal, con la intenci\u00f3n de controlar incrementos descontrolados de los servicios educativos ofertados por empresas educativas particulares y derivado de las quejas recurrentes de los padres de familia y alumnos, public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n -10 de marzo de 1992- el \u201cacuerdo que establece las bases m\u00ednimas de informaci\u00f3n para la comercializaci\u00f3n de los servicios educativos que prestan los particulares\u201d \u2013inscripci\u00f3n, reinscripci\u00f3n, ex\u00e1menes extraordinarios, cursos de regularizaci\u00f3n, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, pr\u00e1cticas deportivas especiales y otras actividades extracurriculares, el pago por derechos de incorporaci\u00f3n a la SEP, seguros de vida y uso de estacionamiento, entre otros servicios-, que establece:<\/p>\n
En t\u00e9rminos del art\u00edculo 3o. Constitucional, los particulares podr\u00e1n impartir Educaci\u00f3n en todos sus tipos y grados;<\/p>\n
Los titulares de autorizaci\u00f3n o reconocimiento de validez de estudios se encuentran sujetos a las disposiciones que, con fundamento en la Ley Federal de Educaci\u00f3n, emiti\u00f3 la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica para elevar la calidad de los servicios educativos que prestan;<\/p>\n
Adicionalmente, dichos titulares y quienes imparten estudios no sujetos a autorizaci\u00f3n o reconocimiento de validez oficial, son proveedores de servicios y, en tal virtud, se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Protecci\u00f3n al Consumidor.<\/p>\n
Los servicios educativos particulares son prestados a los educandos a cambio de una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la ense\u00f1anza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos acad\u00e9micos que aqu\u00e9llas utilizan para el cumplimiento de su objeto;<\/p>\n
Ante esta diversidad en los servicios, no es factible establecer de manera uniforme el monto de las prestaciones que deben ser abiertas.<\/p>\n
Es facultad de la Secretar\u00eda de Comercio y Fomento Industrial fijar normas y procedimientos de comercializaci\u00f3n que favorezcan un trato equitativo en la prestaci\u00f3n de los servicios educativos que brindan los particulares, as\u00ed como una mejor provisi\u00f3n de informaci\u00f3n, se emite el siguiente.<\/p>\n
Las disposiciones establecidas en este acuerdo regir\u00e1n en toda la Rep\u00fablica y ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n general para todos los particulares prestadores de servicios educativos de tipo elemental y medio superior con autorizaci\u00f3n o reconocimiento de validez oficial, o aqu\u00e9llos que daban estar inscritos en el listado de planteles no incorporados.<\/p>\n
Los prestadores de servicios educativos estar\u00e1n obligados a:<\/p>\n
No incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayor\u00eda de los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas de fuerza mayor que incidan en un incremento sustancial en los costos de operaci\u00f3n;<\/p>\n
No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, cuando se solicite cualquier donativo en efectivo o en especie, \u00e9ste tendr\u00e1 el car\u00e1cter de estrictamente voluntario, debiendo, en su caso, convenirse de manera individual con los consumidores.<\/p>\n
No exigir a los padres de familia, tutores o usuarios, que adquieran con determinados proveedores \u00fatiles escolares, vestuario, libros, y otros art\u00edculos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisici\u00f3n de dichos art\u00edculos o servicios con determinados proveedores, los precios de los mismos no deber\u00e1n ser superiores a los disponibles al consumidor en el comercio en general;<\/p>\n
Que los gastos que impliquen la celebraci\u00f3n de eventos c\u00edvicos, sociales, o recreativos organizados o, promovidos por los prestadores del servicio educativo, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de las calificaciones del alumno. La celebraci\u00f3n de tales eventos dentro del horario de clases o de los cuales sea imposible que el alumno se sustraiga, no deber\u00e1n implicar gastos extraordinarios para los padres de familia, tutores o usuarios, y<\/p>\n
No exigir libros, \u00fatiles escolares y vestuario nuevo. S\u00f3lo podr\u00e1n requerir que los libros correspondan a ediciones actualizadas y que los \u00fatiles y vestuario conserven un estado adecuado para el desarrollo de las actividades escolares, por citar algunos.<\/p>\n
Desde luego, la experiencia dictamina que las ordenanzas del citado acuerdo han constituido letra muerta a lo largo de los a\u00f1os, pues, los incrementos en las colegiaturas, inscripciones y reinscripciones han integrado, entre otras arbitrariedades, el desaf\u00edo a vencer por parte de los progenitores.<\/p>\n
De acuerdo con informaci\u00f3n contenida en el Sistema de Informaci\u00f3n Legislativa de la Secretaria de Gobernaci\u00f3n generada durante la anterior administraci\u00f3n federal, en el territorio nacional existen aproximadamente 42 mil escuelas privadas -cuya tendencia de crecimiento promedio alcanza 2 por ciento anual-, y estudian cerca de 4.5 millones de mexicanos, que equivale a 13.5 por ciento de los alumnos del sistema educativo nacional -2 millones 494 mil en educaci\u00f3n b\u00e1sica; 928 mil 829 en educaci\u00f3n media superior y m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de alumnos en educaci\u00f3n superior-, escenario que podr\u00eda significar una similar cantidad de familias que tienen que realizar esfuerzos extraordinarios para pagar la educaci\u00f3n de sus hijos con la consabida repercusi\u00f3n en su econom\u00eda familiar y nivel de bienestar.<\/p>\n
Lo anterior se desprende de la creciente demanda y los reducidos espacios disponibles en instituciones educativas p\u00fablicas, complejo escenario, que indirectamente obliga a madres y padres de familia a inscribir a sus hijos (as) en escuelas privadas, decisi\u00f3n que coloca en situaci\u00f3n de riesgo el patrimonio familiar.<\/p>\n
La matr\u00edcula escolar de las escuelas particulares, anteriormente se integraba s\u00f3lo por alumnos de familias con solvencia econ\u00f3mica, hoy por hoy, incorpora a ascendientes que en empecinado af\u00e1n por proporcionar herramientas que conduzcan a sus hijos a enfrentar con mejores posibilidades de \u00e9xito los retos que presenta su vida en sociedad, resuelven adquirir deudas econ\u00f3micas para solventar los gastos que genera el pago de colegiaturas, inscripciones y reinscripciones, aun cuando restrinja o limite recursos destinados a la cobertura de servicios primarios para el desarrollo de la familia como alimento, salud, vivienda, vestido y calzado.<\/p>\n
En consonancia con cifras de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica, en 2003, las escuelas privadas obtuvieron 163 mil 815 millones de pesos y al cierre de 2015 lograron 221 mil 688 millones de pesos.<\/p>\n
Es decir, en los \u00faltimos a\u00f1os los padres de familia hicieron crecer hasta en 35 por ciento los ingresos anuales de las escuelas particulares por concepto del pago de colegiaturas y otros servicios.<\/p>\n
En pasado reciente \u2013viernes 15 de marzo de 2019-, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n public\u00f3 en el Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n la tesis aislada del<\/p>\n
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que reconoce que las instituciones educativas privadas poseen personalidad jur\u00eddica propia y total libertad respecto de las cuestiones administrativas y educativas, con los l\u00edmites establecidos por las leyes, como: la necesidad de obtener autorizaci\u00f3n previa de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica y someterse a su inspecci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, destaca que para aquellos aspectos no educativos, como puede ser la comercializaci\u00f3n de dichos servicios educativos, la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Consumidor, tiene competencias de actuaci\u00f3n conforme a lo establecido en el \u00abAcuerdo que establece las bases m\u00ednimas de informaci\u00f3n para la comercializaci\u00f3n de los servicios educativos que prestan los particulares\u00bb, publicado en el DOF el 10 de marzo de 1992, y de los art\u00edculos 1o., p\u00e1rrafo segundo, 2o., 13, p\u00e1rrafo primero y 96 de la Ley Federal de Protecci\u00f3n al Consumidor.<\/p>\n
Dentro de estas competencias se encuentra el practicar visitas a las instituciones educativas privadas \u00abpara verificar que cumplan con sus obligaciones de car\u00e1cter comercial, entre las que se encuentran, respetar los costos establecidos por los servicios que prestan, como los relativos a inscripci\u00f3n o reinscripci\u00f3n, colegiaturas, cobros por ex\u00e1menes extraordinarios, cursos de regularizaci\u00f3n, duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, pr\u00e1cticas deportivas especiales, actividades extracurriculares y transporte, entre otros\u00bb.<\/p>\n
Para mayor informaci\u00f3n sobre el citado documento a que alude la SCJN se presenta el hiperv\u00ednculo que remite al sitio Web del Diario Oficial de la Federaci\u00f3n dependiente de la Secretaria de Gobernaci\u00f3n http:\/\/dof.gob.mx\/nota_detalle.php?codigo=4655028&fecha=10\/03\/1992, as\u00ed como la liga que conduce a la tesis aislada de referencia: Tesis: I.4o.A.158 A (10a.), Semanario Judicial de la Federaci\u00f3n, Publicaci\u00f3n: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h.<\/p>\n
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.<\/strong> Amparo directo 446\/2018. Instituto Tecnol\u00f3gico y de Estudios Superiores de Monterrey. 13 de diciembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Arturo Medel Garc\u00eda. Secretario: Luis Alberto Mart\u00ednez P\u00e9rez.<\/em><\/p>\n Comentarios a:<\/p>\n