CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 Despu\u00e9s de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayor\u00eda de los 65 imputados que a\u00fan est\u00e1n detenidos, salvo algunos casos contados que est\u00e1n en prisi\u00f3n por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. <\/p>\n
Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruir\u00e1 la investigaci\u00f3n \u00abdesde cero\u00bb y que perseguir\u00e1n penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.<\/p>\n
\u00abEl caso se est\u00e1 desmoronando\u00bb,<\/em> afirma Luis Tapia, coordinador jur\u00eddico del Centro Prodh, que ha acompa\u00f1ado legalmente a los padres de las v\u00edctimas. El horizonte judicial es desolador.<\/p>\n De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena est\u00e1n imputados por la desaparici\u00f3n, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh.<\/p>\n Entre los agraviados est\u00e1n 42 polic\u00edas de Iguala, 25 de agentes del municipio aleda\u00f1o de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protecci\u00f3n civil de Iguala.<\/p>\n Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado m\u00e1s indignaci\u00f3n en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.<\/p>\n El \u00faltimo mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las v\u00edctimas y el devenir del proceso.<\/p>\n Un juez desech\u00f3 dos tercios de las pruebas que present\u00f3 la Fiscal\u00eda por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvi\u00f3 el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo L\u00f3pez Astudillo, alias El Gil.<\/p>\n Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 polic\u00edas de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos.<\/p>\n A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, a\u00fan pod\u00edan ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n \u00abEl juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia\u00bb,<\/em> acus\u00f3 el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: \u00abLas sentencias representan una infamia\u00bb.<\/em><\/p>\n Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. \u00abSe empez\u00f3 a caer en tribunales desde el a\u00f1o pasado\u00bb,<\/em> explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya hab\u00eda dado en junio de 2018 \u00abun diagn\u00f3stico demoledor\u00bb<\/em> sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue se\u00f1alado por el Gobierno por tumbar el caso.<\/p>\n Antes de la \u00faltima tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados \u2014alrededor de una decena\u2014 eran detenidos que hab\u00edan sido arrestados por hechos relacionados con la llamada \u00abverdad hist\u00f3rica\u00bb:<\/em> la l\u00ednea de investigaci\u00f3n que impuls\u00f3 la Administraci\u00f3n del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos hab\u00edan sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para despu\u00e9s ser arrojadas al r\u00edo San Juan.<\/p>\n Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro pol\u00edtico a la narrativa del caso. El Gobierno de L\u00f3pez Obrador ha buscado desde un primer momento acompa\u00f1ar a los familiares de los 43 estudiantes.<\/p>\n El de Ayotzinapa fue uno de los casos m\u00e1s pol\u00e9micos de la gesti\u00f3n de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campa\u00f1a electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de L\u00f3pez Obrador sean constantes.<\/p>\n Lo que est\u00e1 en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparici\u00f3n de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupci\u00f3n en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadan\u00eda.<\/p>\n Ese es el grito de indignaci\u00f3n que no ha logrado extinguirse cinco a\u00f1os despu\u00e9s de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pas\u00f3 con ellos desde entonces.<\/p>\n Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jes\u00fas Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal Tom\u00e1s Zer\u00f3n. Tras reunirse este mi\u00e9rcoles L\u00f3pez Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidi\u00f3 en que todas las acciones que dieron lugar a la \u00abverdad hist\u00f3rica\u00bb<\/em> se hab\u00edan hecho de forma irregular y que en parte se hab\u00edan ca\u00eddo porque esa l\u00ednea de investigaci\u00f3n no se sosten\u00eda con los hechos que se hab\u00edan podido comprobar.<\/p>\n El reparto de responsabilidades es m\u00e1s complejo. El c\u00famulo de irregularidades m\u00e1s graves se registr\u00f3 entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigaci\u00f3n que inici\u00f3 el Gobierno de Pe\u00f1a Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores.<\/p>\n Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayor\u00eda de las pruebas de la Fiscal\u00eda es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, se\u00f1ala Tapia.<\/p>\n La parte que toca al Gobierno de L\u00f3pez Obrador y a la Fiscal\u00eda, creada como organismo aut\u00f3nomo unas semanas despu\u00e9s de la toma de posesi\u00f3n en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberaci\u00f3n de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.<\/p>\n