Autoridades electorales deben garantizar que personas violentadoras no tengan acceso al poder
TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIAPAS,MX.— En el marco del Foro Acciones afirmativas para una democracia inclusiva, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), la Consejera Dania Ravel aseguró que lo que legitima a la democracia es el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas.
Durante la inauguración del Foro subrayó que las acciones afirmativas son importantes “porque simplemente sin la participación de todas y todos no podemos hablar de la existencia de una democracia”.
No es posible afirmar que vivimos en una democracia plena, insistió Ravel, si aún existen personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos por su expresión de género, por su orientación sexual, por vivir con una discapacidad, por pertenecer a una etnia, por su condición social.
Ante la Consejera Presidenta Provisional del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez; el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Gilberto de Guzmán Bátiz García y el Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Ernesto López Hernández, la Consejera Ravel aseveró que ni las acciones afirmativas, ni la 3 de 3 contra la violencia generarán un cambio social inmediato.
Recalcó que tampoco garantizarán por sí solas “el éxito de un proyecto democrático incluyente y sin violencia, pero sí colocan en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergables de la participación y la representación política de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, así como la prevención y erradicación de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres”.
Las personas violentadoras no deben llegar a los cargos públicos Al impartir la conferencia Retos en la aplicación de la 3 de 3 en el Proceso Electoral 2023-2024, la Consejera Dania Ravel planteó los desafíos que ha implicado que, por ley, los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
“Tenemos que caminar hacia el hecho de que, si está la consecuencia y la infracción de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ante casos verdaderamente graves, poder establecer que una persona violentadora no llegue a los cargos públicos”, sostuvo.
Ahora que la 3 de 3 contra la violencia es constitucional, la Consejera Ravel consideró que se tiene que hacer una revisión completa para verificar que efectivamente todas las personas cumplan con lo que ya es un requisito de elegibilidad.
El mayor reto que enfrenta la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia, afirmó, “es que las mujeres puedan participar de forma libre, sin ningún tipo de violencia y que puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales”.
La Consejera Ravel detalló que para una mayor efectividad de esta ley se deben firmar convenios con los tribunales y trabajar de la mano con la sociedad civil para allegarse información de quienes aspiran a una candidatura, para comprobar que no son personas violentadoras, “pues es obligación de las autoridades electorales hacer una revisión completa”.
Que también tenga un costo político para los partidos, porque al final, todo mundo, en el discurso, está bien comprometido con el tema y a favor de los derechos de las mujeres y la inclusión y en contra de la violencia, pero resulta que después quieren postular a personas que están ahí, que han cometido actos de violencia política”, precisó.
Necesaria revisión total para que candidaturas no estén en supuestos de 3 de 3 contra la violencia Al participar de manera virtual en el panel 1 titulado El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3, la Consejera Carla Humphrey Jordan advirtió que cada vez que aumenta la participación de mujeres en política, también incrementa la violencia que se ejerce contra ellas por querer incursionar en estos espacios públicos.
Acompañada de la Consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California y Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, Olga Viridiana Maciel; el Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Ernesto López y la Magistrada del TEECH, Sofía Ruiz Olvera, Humphrey recalcó que en este Proceso Electoral 2023-2024 las autoridades electorales tienen que hacer la revisión total de las postulaciones para verificar que no se encuentren en los supuestos de la 3 de 3 contra la violencia.
“Y los partidos políticos tienen la responsabilidad también de no presentar a personas violentadoras para postularse a un cargo de elección popular”, exhortó.
Además, señaló que las autoridades electorales en el país tienen que aprobar y garantizar que personas violentadoras no tengan acceso al poder, “que no puedan ser postuladas a estos cargos de elección popular y, por tanto, salvaguardemos el derecho de todas las mujeres de no ser violentadas y no seguir siendo violentadas desde el poder”.
Fecha de publicación viernes 22 de septiembre de 2023
