Coalición de 25 estados demanda a Trump por nueva andanada de aranceles
Una coalición de 25 estados, (22 demócratas, y tres republicanos) demandó al Gobierno de Donald Trump por los nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% aplicados a 60 socios comerciales. Los estados sostienen que la Casa Blanca está utilizando el trabajo forzoso como pretexto para recuperar una política arancelaria que ya fue cuestionada por los tribunales.
La ofensiva comercial de Donald Trump vuelve a tener un frente abierto en los tribunales de Estados Unidos. 25 estados, prácticamente todos gobernados por demócratas, demandaron este lunes 3 de agosto al Gobierno federal para intentar frenar los nuevos aranceles impuestos por la Administración republicana a decenas de socios comerciales.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y sostiene que el presidente se está excediendo en sus atribuciones al utilizar una normativa comercial para imponer gravámenes de alcance global.
Los estados son:
- Arizona (D)
- California (D)
- Colorado (D)
- Connecticut (D)
- Delaware (D)
- Hawái (D)
- Illinois (D)
- Kentucky (D)
- Maine (D)
- Maryland (D)
- Massachusetts (D)
- Michigan (D)
- Minnesota (D)
- Nevada (R)
- Nueva Jersey (D)
- Nuevo México (D)
- Nueva York (D)
- Carolina del Norte (R)
- Oregón (D)
- Pensilvania (D)
- Rhode Island (D)
- Vermont (R)
- Virginia (D)
- Washington (D)
- Wisconsin (D)
(D) Demócrata (R) Republicano
Los estados cuestionan, en particular, que la Casa Blanca haya utilizado las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro como fundamento para aplicar nuevos impuestos a las importaciones.
Los aranceles, anunciados el 23 de julio y vigentes desde el 24, establecen tasas de entre 10% y 12,5% sobre productos procedentes de 60 economías, entre ellas la Unión Europea, China, Canadá, México, Colombia y otros importantes socios comerciales de Washington.
La Administración Trump sostiene que esos países no cuentan con medidas suficientes para impedir la entrada o circulación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Pero para los estados demandantes existe una desconexión entre esa justificación y la amplitud de las medidas. En sus argumentos, afirman que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso y la imposición de aranceles generalizados.
Según la coalición, las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR fueron un intento de construir una justificación legal para recuperar la estrategia arancelaria de Trump.
Una política arancelaria que resucita
La disputa actual es el último capítulo de una batalla comercial que comenzó prácticamente con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El 2 de abril de 2025, el presidente anunció los llamados aranceles del “Día de la Liberación”, con una tasa base del 10% y gravámenes mucho mayores para determinados países. En el caso de China, llegaron a superar el 120% durante la escalada comercial. Trump presentó la estrategia como una herramienta para corregir lo que considera décadas de relaciones comerciales desfavorables para Estados Unidos.
Sin embargo, esa primera estructura arancelaria terminó enfrentándose a los tribunales. En febrero de 2026, la Corte Suprema determinó que la ley de poderes económicos de emergencia utilizada por Trump, conocida como IEEPA, no le otorgaba autoridad para imponer esos aranceles de manera tan amplia.
¿Aranceles inmortales?
Para la Administración republicana, la nueva estructura es jurídicamente distinta de los aranceles que fueron anulados y responde a investigaciones realizadas por la USTR sobre las políticas de 60 economías frente al trabajo forzoso.
Para los estados demandantes, en cambio, se trata de una nueva vía para llegar prácticamente al mismo resultado: mantener una barrera arancelaria amplia sobre las importaciones estadounidenses.
La estrategia encaja además con la política comercial que Trump ha defendido desde el inicio de su segundo mandato: utilizar los aranceles como mecanismo de presión para obtener concesiones de otros gobiernos.
El presidente ha argumentado que Estados Unidos ha sido perjudicado durante décadas por sus socios comerciales y que los gravámenes pueden utilizarse como una herramienta de negociación.
La nueva batalla judicial enfrenta así dos interpretaciones de la misma política. Para Washington, la Sección 301 ofrece una base legal diferente y respaldada por investigaciones sobre prácticas comerciales consideradas injustas.
Para los 25 estados, esas investigaciones fueron apresuradas y sesgadas y constituyen, según sus alegatos, un intento de reconstruir mediante otra norma el esquema arancelario que los tribunales ya habían cuestionado.
Fecha de publicación martes 4 de agosto de 2026
