Corte ordena liberar a Juana Hilda González de secuestro tras 19 años en la cárcel
CIUDAD DE MÉXICO MX. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada en 2006 a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. La decisión fue tomada por mayoría de cuatro votos contra uno en la Primera Sala del máximo tribunal.
Durante la sesión de este miércoles, las y los ministros avalaron el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien argumentó que el caso estuvo marcado por “graves violaciones al debido proceso”, entre ellas la obtención de pruebas clave bajo tortura. El fallo anula esas pruebas y todas las derivadas de ellas.
📢 Boletín de Prensa 11/2025
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— Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) June 11, 2025
González Lomelí se encuentra recluida en el penal federal femenil de Morelos, de donde se prevé que recupere su libertad en las próximas horas. Su detención ocurrió el 10 de enero de 2006 por parte de la entonces Procuraduría General de la República, bajo una orden de localización y presentación. Fue arraigada hasta el 6 de abril del mismo año.
La Primera Sala declaró inválida su confesión tras determinar que no fue hecha de forma libre ni voluntaria, sino mediante “presiones, intimidaciones y amenazas”, dentro de un esquema de arraigo. Su declaración inicial, fechada el 8 de febrero de 2006, fue el eje sobre el que se construyó la acusación penal.
Además de declarar la nulidad de esa prueba y de las que se desprendieron de ella, la Corte revisó el resto del expediente. Concluyó que los elementos restantes presentados por el Ministerio Público resultan insuficientes para acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que representa a González Lomelí y a otros procesados por el mismo caso, subrayó que este fallo reafirma la obligación del sistema judicial de apegarse a los principios constitucionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Este fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional —como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba— que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal en el ámbito federal”, señaló el IFDP en un comunicado.
Fallo puede marcar precedente
La resolución se suma a otros casos en los que el Poder Judicial subrayó la exclusión absoluta de pruebas obtenidas mediante tortura. En este contexto, el fallo marca un precedente que puede tener implicaciones en otros procesos aún abiertos.
Isabel Miranda de Wallace, madre de la presunta víctima, sostuvo durante años que el secuestro y asesinato de su hijo fue esclarecido a través de las confesiones de los procesados, versión que ha sido desmentida por diversas organizaciones y litigantes especializados en derechos humanos.
PUBLICADO EL 11 DE JUNIO DE 2025 Con información de Medios Nacionales)
