EDUCACION: Estado mexicano bajo el escrutinio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

HERMOSILLO, SONORA. MX. — Ha transcurrido poco más de una década desde la última ocasión en que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC), derivado de la exploración se realizaron observaciones y recomendaciones a México para que en el marco de la Carta de las Naciones Unidas (1945), cada persona goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos, propósito que no se ha cumplido.
Durante este período México no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos aún cuando la grave crisis de derechos humanos que experimenta la población en el país, también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad.
En este contexto, 167 organizaciones y redes de la sociedad civil, como: Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, entro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), Oxfam México, Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio, Red Mexicana por la Agricultura Familiar y Campesina, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” −conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana−, entre otras, suscribieron un Informe Alternativo a los Informes V y VI Periódicos combinados del Estado Mexicano ante el Comité DESC de la ONU con el ánimo de contribuir a la urgente labor de supervisión sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIESC) en el país, consecuentemente, este documento, concentra los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que se identificaron para la plena realización de los DESCA en México.
Asimismo, es producto del esfuerzo colectivo de investigación, documentación, reflexión y discusión de una amplia articulación nacional de organizaciones y redes de la sociedad civil, fue compilado y revisado por Areli Sandoval Terán –DECA equipo Pueblo, A.C−, Estephanie Erín Brewer –Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez− y AgnieszKa Raczynska –Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC)−.
El Informe Alternativo se estructura en 20 capítulos que siguen el articulado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y los temas de especial interés que el Comité incluyó en su Lista de Cuestiones a México (acceso a la justicia, personas defensoras, empresas y derechos humanos).
1. Derecho a la libre determinación de los pueblos, incluyendo los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado (artículo 1, párrafos 1 y 2 del PIDESC).
2. Obligación de adoptar medidas, inclusive legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos – énfasis en crítica a la reforma energética (artículo 2, párrafo 1 del PIDESC).
3. Obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga (artículo 2, párrafo 1 del PIDESC).
4. Obligación de garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación – énfasis en personas migrantes y desplazadas internas (artículo 2, párrafos 2 y 3 del PIDESC)
5. Igualdad y equidad de género (artículo 3 del PIDESC).
6. Derecho al trabajo (artículo 6 del PIDESC).
7. Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (artículo 7 del PIDESC).
8. Derechos sindicales (artículo 8 del PIDESC)
9. Derecho a la seguridad social (artículo 9 del PIDESC).
10. Derecho a la protección y asistencia a la familia – énfasis en niños, niña y adolescente, personas adultas mayores y trata de personas (artículo 10 del PIDESC).
11. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia (artículo 11, párrafo 1 del PIDESC).
12. Derecho a la alimentación adecuada (artículo 11 del PIDESC).
13. Derecho al agua y derecho al saneamiento (artículo 11, párrafo 1 y artículo 12 del PIDESC).
14. Derecho a la Vivienda Adecuada (artículo 11, párrafo 1 del PIDESC).
15. Derecho al nivel más alto posible de salud física y mental (artículo 12 del PIDESC).
16. Derecho al medio ambiente sano (artículo 12, párrafo 2, inciso b del PIDESC).
17. Derecho a la educación (artículos 13 y 14 del PIDESC).
18. Acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (tema especial de la Lista de Cuestiones).
19. Situación de defensoras/es de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (tema especial de la Lista de Cuestiones).
20. Empresas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (tema especial de la Lista de Cuestiones)
En cada capítulo del Informe Alternativo se destacan motivos de preocupación en torno a la situación de los DESCA, aportando datos, análisis y casos ilustrativos, resaltando los aspectos críticos sobre lo reportado y omitido por el Estado mexicano en sus Informes y se formulan una serie de propuestas dirigidas al Comité DESC para su consideración en las Observaciones Finales a México.
Cabe mencionar que el Informe Alternativo conjunto y sus anexos se remitieron al Comité DESC de la ONU en agosto de 2017, considerando que el examen a México estaba previsto para los días 28 y 29 de septiembre 2017 dentro del 62° período de sesiones del Comité. Sin embargo, a petición del Estado mexicano, el examen fue pospuesto y reprogramado para el siguiente período, los días 12 y 13 de marzo de 2018. Toda la documentación relativa al examen a México –gubernamentales, sociedad civil y Comité DESC, se encuentra en la página en Internet del Comité dentro de la sección respectiva al 63° período de sesiones, disponible en el siguiente link: http://tbinternet.ohchr.org/
En relación con lo antes expuesto y frente a la grave situación de violencia que experimentan en México las y los defensores de derechos humanos en general y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en particular, a través de este Informe Alternativo se solicita al Comité DESCA incluir en sus Observaciones finales a México OCHO recomendaciones consistentes en:
1. Impulsar el reconocimiento público y continuo de las autoridades mexicanas federales, estatales y municipales sobre la importancia de la defensa de derechos humanos incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el valor y la legitimidad de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos.
2. Atender las recomendaciones del Informe preliminar sobre la visita a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos; en particular, implementar medidas para la protección de defensores en el contexto de proyectos de empresas y otros actores no estatales, aplicando los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
3. Implementar la recomendación en materia de personas defensoras de los derechos humanos del Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, en la que el Grupo de Trabajo recomienda a las empresas privadas y del Estado que: apliquen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; dejen claro que la intimidación y las agresiones contra los defensores y los periodistas de investigación que alertan sobre actividades empresariales son inaceptables y no se tolerarán.
4. Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a través de diversas medidas que incluyan: asegurar el presupuesto y la sustentabilidad financiera del Mecanismo; incorporar un enfoque multicultural y colectivo que ayude a que las medidas dictadas por el Mecanismo en casos de comunidades indígenas o rurales sean apropiadas y efectivas; integrar un enfoque diferencial para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con énfasis en el enfoque de género y en la revisión integral de los diferentes estereotipos y tipos de violencia a los que se enfrentan las personas defensoras.
5. Proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas y equiparables, especialmente sus derechos a la autonomía; a la libre determinación; a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier medida que afecte de manera significativa sus modos de vida, territorio y otros derechos humanos; a la información; a la participación en la planeación de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacionales, estatales y municipales, y prevenir violaciones a derechos humanos y conflictos socio ambientales.
6. Adoptar políticas y otras medidas apropiadas para atender las necesidades de las y los defensores desplazados conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Desplazamientos Internos.
7. Normar la protección de las y los denunciantes o informantes como lo indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Adoptar las medidas necesarias para que las instancias de investigación y procuración de justicia investiguen de manera exhaustiva y diligente los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, considerando el contexto y la labor de las personas defensoras como línea de investigación.
Por último, en este Informe Alternativo se menciona que todos los casos referidos son ilustrativos de que el Estado mexicano no ha realizado el esfuerzo necesario para atender cabalmente las recomendaciones efectuadas por el Comité DESC en sus Observaciones finales de 2006. Lo esencial sería dar un giro al modelo de desarrollo vigente y transformar las leyes y mecanismos que privilegian a las élites económicas, generan mayor violencia y propician o permiten la violación de derechos humanos.
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(Fecha de publicación 11032018)