El derribo de avionetas en 1996 de Los Hermanos al Rescate regresa a Raúl Castro al escaparate político.
LA HABANA, CUBA. — El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra el hombre fuerte del régimen cubano, Raúl Castro, de 94 años, y otros cinco militares por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave. Los cargos, presentados en Miami en el tribunal del distrito sur de Florida, en un documento de veinte páginas, se remiten a sucesos de hace treinta años: el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.
“Mi mensaje es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos”, ha apuntado el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en una rueda de prensa para anunciar la imputación. Castro acabará compareciendo en el banquillo de los acusados en un tribunal estadounidense “por su propia voluntad o de otra manera”, ha añadido el responsable del Departamento de Justicia.
Un gran jurado ya había dado el visto bueno a finales de abril a los cargos, pero Justicia no los había hecho públicos hasta ahora. Ha elegido para hacerlo un día simbólico, el 20 de mayo, cuando la comunidad en el exilio celebra la independencia de Cuba. La imputación de Castro representa un paso similar al que ya había dado Estados Unidos en Venezuela: en 2020, el Departamento de Justicia imputó al presidente Nicolás Maduro por cargos relacionados con el narcotráfico. Esa acusación fue el argumento que utilizó Washington para justificar la operación militar que le capturó y le trasladó a Nueva York para someterlo a juicio.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha respondido a la acusación de Estados Unidos tildándola de “acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.
“EE UU miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate”, ha añadido el mandatario en un comunicado. “La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”.
La acusación presentada este miércoles también incluye a otros militares cubanos presuntamente implicados en el incidente ocurrido hace 30 años en aguas internacionales: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
Tras la imputación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado que ahora vaya a producirse una “escalada” de su Administración contra Cuba. “No habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se está cayendo a pedazos. (El régimen) ha perdido el control”, apuntaba en declaraciones a su regreso a Washington tras ofrecer un discurso de graduación en la Academia de Guardacostas en Connecticut. En sus palabras a los cadetes, había insistido en que Estados Unidos “no tolerará un Estado díscolo que dé refugio a operaciones hostiles militares, de inteligencia y terroristas extranjeras, a solo 150 kilómetros de la patria estadounidense”.
Poco antes de la imputación, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzaba un mensaje en el que ha cargado duramente contra el Gobierno de la isla y ha ofrecido a su población una “nueva relación” entre Washington y La Habana, condicionada a que el país caribeño introduzca cambios radicales en su economía y lleve a cabo elecciones libres y con distintos partidos.
Los cargos contra Castro aluden al derribo de las avionetas el 24 de febrero de 1996, cuando el ahora hombre fuerte del régimen era ministro de las Fuerzas Armadas.
En ese derribo murieron los cuatro tripulantes: Armando Alejandre, de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario de la Peña, de 24, y Pablo Morales, de 29. Según las investigaciones independientes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades, se produjo sin lugar a dudas en aguas internacionales. Algo que convertía el incidente en un ataque contra civiles indefensos. No se desarrolló, como Cuba alegó en su momento, sobre el territorio de la isla, en lo que representó un acto legítimo de autodefensa.
La presentación de cargos ha corrido a cargo del fiscal del Departamento de Justicia Jason Reding Quiñones, del distrito judicial sur de Florida. Este procurador, alineado ideológicamente con el trumpismo, representa la guinda en toda una batería de medidas de presión por parte de Washington contra la isla, desde sanciones a sus líderes a la imposición de un embargo energético en la práctica, tras la cancelación de los envíos de petróleo venezolano con los que subsistía la isla y la firma el 29 de enero de una orden ejecutiva por la que se abre la posibilidad de aranceles y sanciones secundarias contra los países que faciliten combustible a Cuba.
PUBLICADO EL 20 DE MAYO 2026 Con información de Reuters)
