Hacia un sistema digital confiable al servicio de la ciudadanía: México Evalúa
Podemos imaginar la transformación digital de un país como una gran red de nodos, elementos y actores interconectados que, de forma sincrónica, logran beneficios en productividad, recaudación fiscal, competitividad y acceso a derechos básicos. El sistema, visto de forma más sencilla, se equipara a un gran rompecabezas. El que tenemos en el país, hasta ahora, tiene algunas piezas en el tablero: plataformas tecnológicas, identidad digital, transacciones bancarias cibernéticas, sistemas de pagos alternativos, y trámites en línea, entre otras. De hecho, varias de esas piezas fueron recientemente creadas o modificadas, en un paquete de seis reformas y cuatro nuevas leyes que el Congreso de la Unión aprobó durante el periodo extraordinario, celebrado del 23 de junio al 2 de julio de 2025. Sin embargo, este reciente trabajo legislativo, aunque necesario, no basta para completar el ecosistema digital que México necesita.
Según estándares internacionales, México se encuentra en una fase temprana de desarrollo digital. El Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024, del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), nos ubica en el lugar 59 de 67 países. Es una posición que revela rezagos en infraestructura, conectividad y formación de talento. Atender estos desafíos para encaminarnos hacia la transformación digital no es un lujo, sino una condición indispensable para competir globalmente y cerrar brechas sociales.
Desde México Evalúa apuntamos que la digitalización es altamente deseable y necesita avanzar aceleradamente para fines productivos y de seguridad pública, pero siempre con legitimidad democrática. Es indispensable construir una estrategia nacional que reduzca brechas y promueva la modernización progresiva de una relación de confianza verdadera entre Gobierno y sociedad. En este último punto, no obstante, hay grandes ausencias. Las más evidentes son aquellas instituciones que funcionan como salvaguardas de la información sensible y privada que se maneja en las plataformas digitales. Se trata de instancias esenciales para proteger los datos personales y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Para impulsarlas se requiere un andamiaje que ponga en el centro los derechos digitales de ciudadanos y empresas: privacidad, neutralidad de la red, acceso universal a la información y libertad de expresión.
Sin estos elementos, la digitalización en nuestro país corre el riesgo de consolidarse como un sistema desigual. Si bien podría ser un motor de productividad en todos los ámbitos económicos, no implementarla en clave democrática mermará la construcción de confianza entre ciudadanos, empresas y autoridades. Por ahora, nada limita —en la ley o en las instituciones— que ello evolucione hacia un sistema de vigilancia y control altamente efectivo, pero autoritario.
Una consecuencia de esa ausencia de límites es que, recientemente, el 23 de septiembre de 2025, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Francisco Martínez Cruz, resolvió conceder la suspensión definitiva al amparo solicitado por la organización civil Artículo 19 frente a los diversos decretos que conformaron el paquete de leyes aprobado. En su resolución, el Juez considera que la aplicación de estas leyes causaría afectaciones graves y de difícil o casi imposible reparación a los derechos humanos vulnerados. Habrá que esperar a la sentencia y el curso legal del caso hasta la última instancia judicial. No obstante, la decisión del juez da cuenta de la relevancia del tema.
El paquete normativo ya vigente en México busca, en efecto, agilizar servicios y trámites mediante el manejo de información en tiempo real. Sin embargo, genera asimetrías que expanden el acceso gubernamental a información confidencial de ciudadanos y empresas sin garantizar mecanismos de transparencia, protección y defensa ante posibles abusos. En específico, otorga facultades amplias a autoridades civiles y militares para recabar y consultar datos ciudadanos, sin establecer suficientes controles judiciales o ministeriales.
