NOTAS SUELTAS. Estado sin derecho
“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal” (Martin Luther King).
Ya ve usted cómo son las cosas, ahora cualquier delincuente de cuello blanco se lanza a lloriquear ante el presidente en turno y se declara “preso político”, tras hacer verdaderos cráteres en las finanzas estatales y ejercer el tráfico de influencias y el manoteo desaforado de los recursos públicos. Los ciudadanos de Sonora, como el resto del país, vemos cómo las autoridades fingen perseguir a los delincuentes ahora declarados “presuntos” gracias a la gringuización del sistema penal, que da pasos procesales en falso a fin de que los pillos salgan libres por “errores técnicos” que, en el fondo, no son más que una concesión entre cárteles políticos que se cubren las espaldas entre ellos mientras encandilan a los simples mortales con la falacia de un pleito entre fracciones y la procuración de justicia.
Las ingentes cantidades de dinero evaporado de las arcas públicas huele a acto de magia, a extrema prestidigitación que se realiza ante un público azorado y distraído con el parloteo mediático del “combate a la corrupción”. El ciudadano común se tira de los pelos cuando su ingreso disminuye en razón inversamente proporcional a las promesas de nuevos y mejores empleos, justicia laboral y, desde luego, seguridad social, en una cadena de acontecimientos que se toman por normales en cuanto se pierden las esperanzas de cambio verdadero, de reconocimiento no sólo formal sino real de los derechos que la clase trabajadora ha conquistado a lo largo de su historia.
Es imposible no recordar que fue durante el gobierno (sic) de Guillermo Padrés Elías, panista emparentado con connotados priistas de la localidad, cuando el ISSSTESON sufrió el mayor golpe a su patrimonio, el saqueo más descarado de que se tenga memoria y que arrojó un daño patrimonial de más de seis mil millones de pesos. Es obligado señalar a Teresa Lizárraga como la responsable directa del Instituto y parte del desfondo ocurrido. Usted recordará que el ahorro de los trabajadores quedó en manos ajenas y a disposición de otros fines muy lejanos a la seguridad social. Ante la indignación popular y el reclamo de justicia, tenemos que montarse en el carro de las plurinominales fue la salida para Teresa Lizárraga y, desde luego, el amparo servirá como tabla de salvación provisional para pillos de esta y otra ralea.
El lloriqueo de los que ahora y en el futuro inmediato se llamen “presos políticos” suena a vil melodrama barato que pretende poner en juego la facilona estrategia de los depredadores de hacerse víctimas del sistema al cual pertenecen y en su seno lograron sus fortunas. Por otra parte, resulta patético que se invoque la protección del actual presidente de la república en asuntos que son de la competencia del Poder Judicial, en una mañosa pérdida de memoria sobre la división de poderes que existe en el gobierno de la nación. Pretenderán que la gente diga “pobrecito”, “nos jodió el ahorro, robó lo que pudo pero ahora sufre y merece compasión”. Pero, además del daño producido a las instituciones, es imposible olvidar los abusos físicos y psicológicos que sufrió Gisela Peraza durante su encarcelamiento ordenado por el ahora plañidero Guillermo Padrés (dueño de ranchos, represos y caballerizas con ejemplares de lujo). Sin duda alguna merece justicia.
Tras el golpe asestado al ISSSTESON, los directores de la nueva época priista han declarado el peligro de la quiebra y la necesidad de fortalecer las finanzas del Instituto “haiga sido como haiga sido” (Calderón dixit) y, sobre todo el actual titular, Pedro Ángel Contreras López, quien ha emprendido una santa cruzada por el rescate financiero de este organismo sin reparar en los costos sociales y políticos a que hubiera lugar. Consecuentemente, la presión hacia los organismos afiliados ha aumentado y, como se sabe, se han señalado culpables tales como el propio sindicato de ISSSTESON, con “prestaciones muy superiores a los demás sindicatos”, según señalamiento del director Contreras, y desde luego, a la Universidad de Sonora, dizque por pagar menos de lo que le corresponde, siendo que la Institución académica paga lo que debe pagar de acuerdo a la ley y al contrato que tiene firmado con el ISSSTESON y que el director Conteras se empeña en ignorar.
Otro de los culpables del director Contreras es el propio ciudadano que reclama sus ahorros tras haber cotizado durante su actividad laboral en alguna dependencia y que ahora el Instituto le dice que no puede recuperar su dinero porque no hay. Pero quizá el más culpable de entre los que tiene derecho a reclamo es el pensionado que demanda al Instituto porque sólo recibe alrededor del 63 por ciento del pago mensual que le corresponde de acuerdo con la ley. Las demandas por nivelación pensionaria han merecido particular atención por parte del director Contreras y ha declarado que se ha promovido un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acabe con las aspiraciones de los demandantes y que se limpie con el derecho que les asiste mediante un criterio jurisprudencial que favorezca la cruzada de “ahorro” emprendida para rescatar financieramente al Instituto.
Usted seguramente sabe que las demandas por nivelación pensionaria ya no se resuelven en los tribunales locales sino que ahora son “atraídas” por la SCJN, específicamente la Segunda Sala, presidida por el Ministro Eduardo Medina Mora, el que “blindó” a Enrique Peña Nieto para no ser detenido tras su salida de la presidencia, entre otras medidas judiciales de dudosa rectitud y legalidad. Ha trascendido que entre el citado ministro y el actual director del ISSSTESON existe una relación personal, de ahí puede desprenderse que el fallo para los trabajadores sonorenses retirados no necesariamente se apegará a derecho.
Por si usted no ubica al ministro Medina Mora, le comento que fue el que, además de rechazar la política de austeridad impulsada por el presidente López Obrador, recientemente “blindó” a Enrique Peña Nieto de ser enjuiciado una vez fuera de la Presidencia, además de ser sospechoso de crear, desde la PGR, junto con Marisela Morales una red de encubrimiento y protección llamada “Operación Limpieza” en favor del Chapo Guzmán. El Ministro Medina Mora fue parte del equipo de gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón para luego ser adoptado por Peña Nieto y, como queda demostrado con el “blindaje”, favor con favor se paga.
(Anexamos ligas para que se entere de quién es el ministro Medina:
https://www.reporteindigo.com/reporte/quien-es-el-ministro-eduardo-medina-mora-javier-corral-chihuahua-pena-nieto-cesar-duarte-salinas/
¿A eso se estaría refiriendo el director Contreras cuando dice que se espera una buena noticia por parte de la SCJN en el caso ISSSTESON? ¿La SCJN va a ignorar las 210 demandas de nivelación pensionaria que fueron encontradas debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho? ¿Por eso los juicios de nivelación promovidos por trabajadores sonorenses ya no se resuelven en nuestro Estado y ahora son los ministros de la SCJN quienes deciden su destino legal? ¿Le debemos de dar las gracias a la señora gobernadora y egresada de nuestra Alma Mater, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, por esta mentada de madre judicial a los trabajadores? ¿La política de alcantarilla puede más que el derecho? ¿Seremos vencidos no por derecho sino por la manipulación de un funcionario venal?
Así pues, tenemos que mientras el gobierno priista se prepara a asestar una puñalada a los ahorros de los pensionados y jubilados de Sonora, Guillermo Padrés y el panismo organizado claman justicia, se declaran víctimas y se sienten presos políticos, llaman a la compasión, a la lástima generalizada de un pueblo que está hasta el copete de leperadas y engaños. Es claro que en la SCJN y el gobierno de Sonora aún no llegan los aires del cambio.
http://jdarredondo.blogspot.com
(FECHA DE PUBLICACIÓN.23/12/2018 //
